18/12/2018 12:44:19
El jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló que “hay que hacer un análisis más profundo para saber si efectivamente hubo algún tipo de retiro de utilidades de la universidad por uno y otro mecanismo”.
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La crisis en la Universidad del Pacífico crece día a día, de la mano de la investigación que avanza en el Ministerio de Educación y que podría llevar a nombrar un administrador de cierre.
En este contexto, Alfonso Muga, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), señaló el fin de semana que la familia dueña de la Universidad del Pacífico vio “una oportunidad de negocio” en la institución.
Frente a sus dichos, que apuntan a la posible existencia de lucro en la casa de estudios, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del ministerio, dijo esta mañana que “si efectivamente fue así, es absolutamente condenable. No tengo todos los antecedentes y por cierto, hay que hacer una análisis más profundo para saber si efectivamente hubo algún tipo de retiro de utilidades de la universidad por uno y otro mecanismo. Si ése fuera el caso es condenable y los que se ven más afectados son los estudiantes”.
Sobre el punto remarcó en Radio Universo que “los principales responsables son los dueños de la universidad. Son ellos los que a través de una gestión deficiente y no sé si dolosa, han puesto finalmente a una institución (…) que tenía una reputación (…) en una situación de completa indefensión. Y eso es el fruto de una muy mala gestión”.
Consultado si esta situación se podía preveer, respondió que “hubo una serie de elementos que, por alguna razón en la administración anterior, no fueron tomados en consideración. Y lo que sí puedo decir es que (…) desde que nosotros tuvimos a la vista los antecedentes, desde que nos empezaron a llegar denuncias no formales, pero algunos avisos, nosotros en cuanto pudimos, en cuento tuvimos la ocasión instruimos la investigación que es el vehículo a través del cual el ministerio puede intervenir la Universidad del Pacífico. Sin esa investigación que llegue a término y que formule cargos, nosotros no podemos intervenir”.
“No me atrevería a decir qué falló, no tengo a la vista todos los antecedentes que tuvo en su oportunidad la jefa de la División de Educación Superior para poder decir aquí falló algo o no falló”, dijo sin querer apuntar directamente a la gestión del gobierno pasado. Luego recordó que tras no ser acreditados por la CNA, la universidad apeló ante el Consejo Nacional de Educación (CNE), entidad que sí les dio la certificación. “El CNE finalmente opta por acreditar esta institución y uno frente a una decisión de una institución, la cual echa a mano a argumentos aparentemente sólidos, uno dice bueno, hay que dejar que las instituciones funcionen”.
Sobre el futuro de los estudiantes dijo que están conversando con cuatro instituciones para “generar convenios que peritan la reubicación”.
“Tengo la conciencia absolutamente tranquila de que no solamente hemos hecho todo lo está a nuestro alcance y que nos estamos desviviendo por estos estudiantes. Nuestro afán no es usar políticamente una situación crítica y dolorosa”. “No podemos como ministerios desentendernos”.
Lista negra
Ante la grave situación que viven los estudiantes de la U. del Pacífico, Vargas reiteró que con los cambios de la nueva ley, la acreditación será obligatoria para cualquier entidad de educación superior que quiera operar. “Las instituciones que no está acreditadas en algún momento de los próximos años no van a poder seguir existiendo como tal. Instituciones como la Universidad del Pacífico que no está acreditadas no van a poder admitir alumnos”.
Consultado si tienen un catastro de las entidades que están en riesgo de tener que cerrar, respondió: “Por supuesto”, pero sin identificarlos. “Hay un número de instituciones, universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales respecto de los cuales la ley da un plazo para que puedan eventualmente acreditarse, no es que cierran de la noche a la mañana (…) Y si no se acreditan siguen un proceso de tutela académica por el CNE”. “En nuestro sistema de educación superior no va poder vivir instituciones que no estén acreditadas. (…) Es un piso mínimo”, señaló. “Queremos evitar situaciones como ésta.
