05/02/2013 21:23:00
El titular de la cartera dijo que "entendemos que la política habitacional es defectuosa e incompleta. La falta de normas constructivas, la falta de fiscalización son las causantes de este drama, y como tal compartimos el dolor con las familias".
Tras el fallo del Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a pagar $1.500.000 a los más de 674 vecinos afectados de la Villa Bernardo Leighton, el ministro de esa cartera, Francisco Irarrázaval, señaló que “en la Secretaría de Estado deben "aprender de los errores”. Según el secretario de Estado, “tenemos como Ministerio que aprender de los errores, hemos trabajado fuertemente en mejorar el estándar constructivo de las casas en términos de la norma con las que se construyen", destacó la autoridad al comentar el fallo del Tercer Juzgado Civil de Santiago que condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a pagar una indemnización de $ 1.500.000 a cada uno de los 674 vecinos de la Villa Bernardo Leighton, cuyas viviendas, construidas por la empresa Copeva, resultaron con diversos daños por las lluvias de mayo y junio de 1997. "Entendemos que la política habitacional es defectuosa e incompleta. La falta de normas constructivas, la falta de fiscalización son las causantes de este drama, y como tal compartimos el dolor con las familias", expresó el titular del Minvu. Según la determinación del Juzgado Civil de Santiago difundida hoy, "no puede menos que desprenderse que el Serviu Metropolitano ha incurrido en falta de servicio, en los términos razonados previamente, pues aún siendo efectivo que el contrato de construcción de las viviendas de la Villa Bernardo Leighton de la comuna de Puente Alto, se celebró entre los entes organizadores y la Empresa Constructora Copeva Limitada, no es menos cierto que corresponde en este caso al Serviu Metropolitano la ejecución de las políticas habitacionales de los sectores más vulnerables de la sociedad, debiendo haber desplegado todas las herramientas pertinentes para el adecuado desarrollo de su política habitacional, lo que no hizo en modo alguno".
El titular de la cartera dijo que "entendemos que la política habitacional es defectuosa e incompleta. La falta de normas constructivas, la falta de fiscalización son las causantes de este drama, y como tal compartimos el dolor con las familias".
Tras el fallo del Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a pagar $1.500.000 a los más de 674 vecinos afectados de la Villa Bernardo Leighton, el ministro de esa cartera, Francisco Irarrázaval, señaló que “en la Secretaría de Estado deben "aprender de los errores”. Según el secretario de Estado, “tenemos como Ministerio que aprender de los errores, hemos trabajado fuertemente en mejorar el estándar constructivo de las casas en términos de la norma con las que se construyen", destacó la autoridad al comentar el fallo del Tercer Juzgado Civil de Santiago que condenó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a pagar una indemnización de $ 1.500.000 a cada uno de los 674 vecinos de la Villa Bernardo Leighton, cuyas viviendas, construidas por la empresa Copeva, resultaron con diversos daños por las lluvias de mayo y junio de 1997. "Entendemos que la política habitacional es defectuosa e incompleta. La falta de normas constructivas, la falta de fiscalización son las causantes de este drama, y como tal compartimos el dolor con las familias", expresó el titular del Minvu. Según la determinación del Juzgado Civil de Santiago difundida hoy, "no puede menos que desprenderse que el Serviu Metropolitano ha incurrido en falta de servicio, en los términos razonados previamente, pues aún siendo efectivo que el contrato de construcción de las viviendas de la Villa Bernardo Leighton de la comuna de Puente Alto, se celebró entre los entes organizadores y la Empresa Constructora Copeva Limitada, no es menos cierto que corresponde en este caso al Serviu Metropolitano la ejecución de las políticas habitacionales de los sectores más vulnerables de la sociedad, debiendo haber desplegado todas las herramientas pertinentes para el adecuado desarrollo de su política habitacional, lo que no hizo en modo alguno".