04/01/2013 23:21:00
Esto luego que el mandatario visitara Vilcún tras el atentado incendiario en donde murió la pareja Luchsinger-McKay, en donde asegurara que "este Gobierno va a seguir trabajando unido con todos los chilenos para combatir y derrotar esta violencia extrema y este terrorismo".
El Observatorio Ciudadano acusó al Presidente Sebastián Piñera de llamar veladamente a "criminalizar" a quienes apoyan las demandas del Pueblo Mapuche tras el ataque incendiario ocurrido esta mañana en el fundo Palihue, cerca de Vilcún, en el que murieron el empresario agrícola Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay. Esto luego que el mandatario visitara la zona y asegurara que "este Gobierno va a seguir trabajando unido con todos los chilenos para combatir y derrotar esta violencia extrema y este terrorismo", subrayando que "para ello vamos a utilizar todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho, y vamos a aplicar, sin ninguna contemplación, todo el rigor de la ley hasta lograr derrotar a estos terroristas y devolverle a la región y a nuestro país, el derecho a vivir con mayor paz". Según el Observatorio Ciudadano el ataque "es una acción condenable y esperamos que las organizaciones de la sociedad civil que apoyan las demandas del Pueblo Mapuche, así como los dirigentes y organizaciones que representan a este pueblo, manifiesten su rechazo a cualquier acción de violencia. Hay cientos de familias mapuche que han sufrido los efectos de la violencia institucional, manifestada en una política estatal que sistemáticamente ha discriminado y estigmatizado al pueblo mapuche, y no es tolerable que la violencia se vuelva una espiral que impida el desarrollo de una sociedad multicultural que permita la plena exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas en Chile". "Instamos a toda la sociedad a no dejarse arrastrar por un clima hostil que imputa responsabilidades a priori a personas pertenecientes al Pueblo Mapuche, y al mismo tiempo llamamos a los órganos competentes a iniciar un proceso de investigación judicial de acuerdo a los principios del Debido Proceso, mediante el cual se pueda llegar al pleno esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables. Exigimos, por otra parte, que en el marco de los procedimientos policiales que se realicen para la investigación de estos hechos, se cautele la integridad física y psíquica de las personas mapuche que habitan en los sectores aledaños al Fundo Palihue", expresó la organización en un comunicado. "Sin duda el estado de derecho a que hace referencia el Presidente no es compatible con un estado de derecho que respete y promueva los derechos humanos de las personas. Su llamado velado a criminalizar a quienes apoyan o colaboran con las demandas del pueblo mapuche, son efectos de la presión de un sector político y gremial que el presidente evita mencionar como causas de la violencia. Por lo que medidas como las adoptadas podrán tener efectos inmediatos –lamentablemente más represivos-, pero no constituyen un aporte a la complejidad con que se deben atender las demandas que existen tras éstos y otros trágicos sucesos que hemos conocido en La Araucanía", acota el texto. En esa línea, el Observatorio Ciudadano llamó a todos los órganos del Estado a "asumir sus responsabilidades y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a sus tierras y recursos naturales, considerando que éste es el camino más adecuado para lograr poner término al enfrentamiento y violencia interétnica existente en esta parte del país".
Esto luego que el mandatario visitara Vilcún tras el atentado incendiario en donde murió la pareja Luchsinger-McKay, en donde asegurara que "este Gobierno va a seguir trabajando unido con todos los chilenos para combatir y derrotar esta violencia extrema y este terrorismo".
El Observatorio Ciudadano acusó al Presidente Sebastián Piñera de llamar veladamente a "criminalizar" a quienes apoyan las demandas del Pueblo Mapuche tras el ataque incendiario ocurrido esta mañana en el fundo Palihue, cerca de Vilcún, en el que murieron el empresario agrícola Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay. Esto luego que el mandatario visitara la zona y asegurara que "este Gobierno va a seguir trabajando unido con todos los chilenos para combatir y derrotar esta violencia extrema y este terrorismo", subrayando que "para ello vamos a utilizar todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho, y vamos a aplicar, sin ninguna contemplación, todo el rigor de la ley hasta lograr derrotar a estos terroristas y devolverle a la región y a nuestro país, el derecho a vivir con mayor paz". Según el Observatorio Ciudadano el ataque "es una acción condenable y esperamos que las organizaciones de la sociedad civil que apoyan las demandas del Pueblo Mapuche, así como los dirigentes y organizaciones que representan a este pueblo, manifiesten su rechazo a cualquier acción de violencia. Hay cientos de familias mapuche que han sufrido los efectos de la violencia institucional, manifestada en una política estatal que sistemáticamente ha discriminado y estigmatizado al pueblo mapuche, y no es tolerable que la violencia se vuelva una espiral que impida el desarrollo de una sociedad multicultural que permita la plena exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas en Chile". "Instamos a toda la sociedad a no dejarse arrastrar por un clima hostil que imputa responsabilidades a priori a personas pertenecientes al Pueblo Mapuche, y al mismo tiempo llamamos a los órganos competentes a iniciar un proceso de investigación judicial de acuerdo a los principios del Debido Proceso, mediante el cual se pueda llegar al pleno esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables. Exigimos, por otra parte, que en el marco de los procedimientos policiales que se realicen para la investigación de estos hechos, se cautele la integridad física y psíquica de las personas mapuche que habitan en los sectores aledaños al Fundo Palihue", expresó la organización en un comunicado. "Sin duda el estado de derecho a que hace referencia el Presidente no es compatible con un estado de derecho que respete y promueva los derechos humanos de las personas. Su llamado velado a criminalizar a quienes apoyan o colaboran con las demandas del pueblo mapuche, son efectos de la presión de un sector político y gremial que el presidente evita mencionar como causas de la violencia. Por lo que medidas como las adoptadas podrán tener efectos inmediatos –lamentablemente más represivos-, pero no constituyen un aporte a la complejidad con que se deben atender las demandas que existen tras éstos y otros trágicos sucesos que hemos conocido en La Araucanía", acota el texto. En esa línea, el Observatorio Ciudadano llamó a todos los órganos del Estado a "asumir sus responsabilidades y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a sus tierras y recursos naturales, considerando que éste es el camino más adecuado para lograr poner término al enfrentamiento y violencia interétnica existente en esta parte del país".