28/08/2015 12:35:00
Amenazó que no la abrirá hasta que "el gobierno de Colombia no prohíba del lado colombiano la venta de productos venezolanos contrabandeados y prohíba los negocios cambiarios que afectan a la moneda"
![Foto Nota]()
La crisis en la frontera colombo-venezolana fue en aumento en una semana, en la que se vivió la expulsión de un millar de colombianos de territorio venezolano, la convocatoria a consultas de los embajadores de ambos países y una reunión a nivel de cancillería.
El Presidente Nicolás Maduro asegura que la decisión de cerrar los pasos hacia Colombia apunta a unir a la nación ante un problema de seguridad y sostiene que existe una urgente necesidad de combatir los perjuicios económicos que, asegura, eran alentados desde la frontera.
"Hasta que el gobierno de Colombia no prohíba del lado colombiano la venta de productos venezolanos contrabandeados y prohíba los negocios cambiarios que afectan a la moneda venezolana en Cúcuta, no abriré la frontera", amenazó.
Mientras algunos analistas señalan que Maduro busca sumar simpatías utilizando un elemento nacionalista en momentos en que su popularidad está en declive debido a la crisis económica que tiene a los venezolanos buscando bienes de consumo escasos, el propio presidente sostiene el argumento de la "guerra económica".
Maduro asegura que la frontera "se pudrió" por la acción de paramilitares, traficantes de drogas y contrabandistas que se llevan a Colombia bienes de consumo subsidiados y, principalmente, miles de litros de gasolina, que en Venezuela se sitúa en precios irrisorios.
Señala además que desde la ciudad colombiana de Cúcuta se ataca la moneda venezolana, en manipulaciones de casas de cambio que utilizan de referencia en sus operaciones el dólar negro, que se cotiza casi 100 veces más que el tipo de cambio oficial más bajo, dentro del control cambiario venezolano.
La frontera más dinámica de la región, utilizada a diario por decenas de miles de personas, fue clausurada después de que el miércoles 19 de agosto un ataque a tiros atribuido por el gobierno venezolano a grupos paramilitares dejara tres soldados heridos.
Desde que Maduro ordenó el cierre de la frontera por la región de Táchira, vecina a la región Norte de Santander, se decretó un Estado de excepción en seis municipios fronterizos, fueron desplazados más de 2.000 soldados para las operaciones de seguridad y deportados más de 1.000 colombianos.
Además, las cancilleres Delcy Rodríguez y María µngela Holguín mantuvieron un encuentro el miércoles en busca de una salida diplomática, pero el intento no parece haber sido fructífero y poco después los respectivos gobiernos llamaron a consultas a los embajadores.
Las imágenes de desplazados colombianos del territorio venezolano despertaron cuestionamientos al gobernante y su debilitada popularidad.
La encuestadora Datanálisis informó que la popularidad de Maduro había aumentado de 22 por ciento a comienzos de año, hasta llegar a un 28 por ciento, luego de la ruidosa reacción al decreto presidencial de marzo de Estados Unidos que declaró a Venezuela una amenaza a su seguridad. Sin embargo, volvió a caer tras varias semanas tratando de reflotar el reclamo territorial venezolano a Guyana, antes de confrontarse con Colombia.
Maduro acusó a su par colombiano Juan Manuel Santos de mentir sobre las operaciones de desalojo de colombianos en Táchira, lo que llevó al mandatario colombiano a llamar a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano.
Santos dijo que tomó esa decisión porque el gobierno venezolano "no tiene ninguna voluntad de diálogo ni de soluciones diplomáticas, sino de soluciones de fuerza".
La frontera colombo-venezolana tuvo su momento de auge en la década del 90, cuando un dinámico intercambio comercial llegó hasta 6.000 millones de dólares al año.
En la frontera es común el contrabando, estimulado por los precios subsidiados de productos venezolanos. En la zona no hay una distinción clara entre venezolanos y colombianos, ya que hay jóvenes venezolanos que estudian en Colombia y colombianos que son dueños de negocios en Táchira.
El desplazamiento de colombianos que viven en Táchira ha generado preocupación en la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) que alertó sobre violaciones a los derechos humanos.
Muchas familias colombianas que no pueden pasar el puente de San Antonio que demarca la frontera, ahora bajo custodia de militares, se fueron a pie cruzando el limítrofe río Táchira, bajo su riesgo.
En una semana, las autoridades deportaron a más de 1.000 colombianos que estaban en Venezuela sin documentos.
A los cuestionamientos, el gobierno alegó que las deportaciones se hacen respetando los derechos humanos.
La oposición venezolana, que se prepara para las elecciones legislativas de diciembre, advirtió que Maduro está haciendo un ensayo en la frontera para una posible suspensión de los comicios ante el rezago del oficialismo en las encuentas.
La dirigente opositora y ex diputada María Corina Machado dijo en una declaración que el cierre de la frontera busca enfrentar a venezolanos con colombianos.
"De manera arbitraria, injustificada y brutal, el régimen venezolano ha aplicado un nuevo ataque a los colombo-venezolanos, instaurando el Estado de excepción en seis municipios del estado Táchira, cerrando la frontera con Colombia y provocando el desplazamiento forzado de miles de ciudadanos", señaló.
Machado aseguró que Maduro amenaza con extender esta "peligrosa operación a toda la frontera" con Colombia.
El gobernador de Táchira y dirigente oficialista, José Vielma, dijo que tras el cierre y el Estado de excepción la situación es de "total normalidad".
"Decimos con orgullo, que no hay ninguna violación de los derechos humanos. No tenemos ningún fallecido, ningún herido, nadie golpeado, torturado, humillado", afirmó.
El diputado opositor Walter Márquez, quien hizo una investigación sobre el lugar de nacimiento de Maduro, dijo que el presidente está propiciando una "ola de xenofobia" contra los colombianos, sin "recordar que su madre era colombiana".
Según Maduro, los colombianos que huyen de la violencia paramilitar y el desempleo son bien recibidos en Venezuela, donde son atendidos por las llamadas misiones sociales.
"Yo no soy anticolombiano, yo lo que soy es antiparaco, anticrimimal", dijo y no dejó de responsabilizar al ex presidente µlvaro Uribe de la violencia en la frontera.
