14/01/2015 16:46:58
Según la actual Subsecretaría de Prevención del Delito, la administración anterior "financió una iniciativa privada con recursos públicos", en un proyecto que costó $1.400 millones y que no tuvo ningún efecto.
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La Contraloría General detectó anomalías en la ejecución del plan "Alerta Hogar", una de las iniciativas estrellas creadas por el Gobierno de Sebastián Piñera para combatir la delincuencia, y que se instauró en 2012. Según lo publicado por Emol, el escrito emanado desde el organismo apareció este 5 de enero, y fue dado a conocer hoy por el actual subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, el que en el mes de abril había pedido una investigación por el uso de estos recursos. "Se financió una iniciativa privada con recursos públicos, más de $1.400 millones, que no tuvo ningún efecto. Se contrataron 5 millones de mensajes para ocupar sólo 47 alarmas efectivas, lo cual en términos concretos significa que le costó a todos los chilenos más de $30 millones cada uno de esos mensajes", dijo la autoridad. Según Frey, la investigación de la Contraloría General confirmó que "la marca 'Alerta Hogar' preexistía. Era una marca privada. Lo que significa que se financió con fondos públicos (...) En términos prácticos y concretos, le costó a todos los chilenos más de 30 millones cada una de esas alertas". El actual subsecretario agregó que "se celebraron convenios fraudulentos con empresas proveedoras de servicios de mensajería, en circuntancias de que el mercado tiene un conjunto más amplio. Lo que correspondía en este caso, era hacer una licitación pública y se celebraron convenios de trato directo, por un monto de 180 millones de pesos". "Siendo que en el presupuesto no estaba consignado 'Alerta hogar', se impugnó a otros programas para poder financiarlo. Se impugnó recursos, por ejemplo, de un programa tan importante como el de atención a víctimas de delitos violentos", sentenció. La Contraloría, por su parte, anunció que "continuará con la tramitación del proceso disciplinario instruido por la cartera y elevado a sumario administrativo a través de la resolución exenta N° 860, del mismo año, con el objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas".
Según la actual Subsecretaría de Prevención del Delito, la administración anterior "financió una iniciativa privada con recursos públicos", en un proyecto que costó $1.400 millones y que no tuvo ningún efecto.
La Contraloría General detectó anomalías en la ejecución del plan "Alerta Hogar", una de las iniciativas estrellas creadas por el Gobierno de Sebastián Piñera para combatir la delincuencia, y que se instauró en 2012. Según lo publicado por Emol, el escrito emanado desde el organismo apareció este 5 de enero, y fue dado a conocer hoy por el actual subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, el que en el mes de abril había pedido una investigación por el uso de estos recursos. "Se financió una iniciativa privada con recursos públicos, más de $1.400 millones, que no tuvo ningún efecto. Se contrataron 5 millones de mensajes para ocupar sólo 47 alarmas efectivas, lo cual en términos concretos significa que le costó a todos los chilenos más de $30 millones cada uno de esos mensajes", dijo la autoridad. Según Frey, la investigación de la Contraloría General confirmó que "la marca 'Alerta Hogar' preexistía. Era una marca privada. Lo que significa que se financió con fondos públicos (...) En términos prácticos y concretos, le costó a todos los chilenos más de 30 millones cada una de esas alertas". El actual subsecretario agregó que "se celebraron convenios fraudulentos con empresas proveedoras de servicios de mensajería, en circuntancias de que el mercado tiene un conjunto más amplio. Lo que correspondía en este caso, era hacer una licitación pública y se celebraron convenios de trato directo, por un monto de 180 millones de pesos". "Siendo que en el presupuesto no estaba consignado 'Alerta hogar', se impugnó a otros programas para poder financiarlo. Se impugnó recursos, por ejemplo, de un programa tan importante como el de atención a víctimas de delitos violentos", sentenció. La Contraloría, por su parte, anunció que "continuará con la tramitación del proceso disciplinario instruido por la cartera y elevado a sumario administrativo a través de la resolución exenta N° 860, del mismo año, con el objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas".
