28/08/2014 20:05:39
Rodrigo Román, quien representa a los familiares de los 81 reos que fallecieron en el fatídico incendio en la Cárcel de San Miguel, rechazaron la absolución de los ocho funcionarios de Gendarmería responsabilizados por el hecho.
Al cumplirse casi cuatro años del incendio que le costó la vida a 81 internos del Centro de Detención Preventiva San Miguel, la Corte de Apelaciones de esa misma comuna, rechazó el recurso de nulidad presentado por los abogados de la Defensoría Popular, el Ministerio Público y los demás querellantes, que pedían que se anulara la sentencia y el juicio que absolvió a los ocho gendarmes imputados por la muerte de los reos.
Tanto la fiscalía como los querellantes habían recurrido de la resolución del 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a los gendarmes por cuanto consideraron que no existió una valoración de la prueba, así como acusaron la realización de una labor investigativa por parte de los magistrados.
El argumento presentado por la Defensoría Popular se basó en que las pruebas presentadas durante el juicio no fueron incorporadas por las partes, sino que por los propios jueces, tesis que fue acogida por el voto de minoría del abogado integrante Manuel Hazbún, quien estuvo por ordenar la realización de un nuevo juicio oral.
Según los defensores de Derechos Humanos, quienes representan a siete familias de los fallecidos, esta es una de las "más grandes masacres" que registra la historia carcelaria, toda vez que el Estado incumplió con su "deber de cuidado" respecto de las personas que se encontraban privadas de libertad, señalaron.
La Defensoría Popular sostuvo que en abril de este año, a causa del terremoto que afectó al norte del país, los gendarmes de la Cárcel de Mujeres de Iquique, abrieron las celdas y consintieron la fuga de más de trescientas reclusas para que resguardaran sus vidas. "Estos gendarmes no deberían haber recibido premios porque no hicieron nada más que cumplir con su trabajo", aseguró el abogado Rodrigo Román y agregó que "la circunstancia de dejar morir a los internos es una política estatal de exterminio a la población penal, en el fondo, a la población más pobre".
Respecto al rechazo del recurso de nulidad, el profesional afirmó que "se confirma la impunidad en lo que respecta a la muerte de los 81 reos, comprobándose que en Chile existe justicia para pobres y justicia para ricos… si no es la justicia formal, entonces ¿Dónde la gente tiene que recurrir para que se haga justicia?, Porque a todas luces el Estado Chileno no cumplió con su obligación de cuidado", dijo.
Los defensores de Derechos Humanos explicaron que con la decisión de la Primera Sala del tribunal de San Miguel, se agotaron todos los recursos ordinarios, por lo que se presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado de Chile.
DEFENSORÍA REGIONAL
Por otra parte, conocido el dictamen de rechazo, el jefe de estudios de la Defensoría Regional Metropolitano Sur, Nicolás Orellana indicó que tomaba la resolución, "con tranquilidad, no pudiendo estar contento, por cuanto estuvimos frente a una tragedia como fue la muerte de 81 personas".
Orellana destacó que la Corte de Apelaciones reiteró que los imputados son inocentes, pues "su reacción fue oportuna y nada se pudo hacer". Esto tiene que dejar una enseñanza, de que no tienen que seguir las personas privadas de libertad en las condiciones que están de hacinamiento, como señala el fallo del Tribunal Oral y como señala la Corte ratificando el fallo", dijo Orellana.
El pasado 30 de abril, el sexto tribunal en lo penal de Santiago había resuelto absolver a los gendarmes, ocasión en que se confirmó los dichos de los defensores penales públicos que representaron a los 8 gendarmes acusados.
En la ocasión se dio a conocer la precariedad de las medidas y elementos preventivos con que contaba Gendarmería, como también el hacinamiento que tenía el recinto penal en ese momento, todos factores que fueron relevantes para entender la catástrofe como resultado.
En el fallo los jueces habían realizado críticas a la investigación de la Fiscalía y consideraron que la prueba de cargo fue difusa, imprecisa e inconexa, agregando que desconocen por qué el Ministerio Público no usó pruebas científicas que el tribunal consideraba indispensables.
